Frente a la crisis de credibilidad que vive actualmente el sistema de acreditación chileno, parece necesario poner un poco de racionalidad en el análisis.
Primero, hay que decir con claridad que el modelo chileno de acreditación no es diferente al que existe en otros países similares o más desarrollados que Chile. Es la academia la que evalúa a la academia, de ahí un sistema basado en «pares evaluadores». Sí, son pares (otros iguales a mi), quienes vendrán a evaluarme. Ninguna universidad aceptaría jamás que, por ejemplo, un grupo de tres personas completamente ajenas al mundo académico, la visitara y emitiera un informe con críticas a su gestión. No lo aceptaría la Universidad de Chile, ni la universidad de los tres chanchitos. No lo aceptaría ninguna universidad del mundo. Como son «pares» los que tienen que hacer el trabajo evaluativo, por supuesto que existe espacio para el conflicto de interés, pero cabe recordar que estos «pares» son académicos, en su mayoría con trayectoria, con prestigio, con un nombre construido en el tiempo, son profesionales valorados, respetados y muchas veces admirados por la sociedad. Como dato, vale mencionar que más del 70% de los pares evaluadores chilenos son académicos ligados a universidades del Consejo de Rectores, CRUCh.
¿Cómo se explica entonces esta especie de esquizofrenia nacional que, por un lado los considera académicos respetables y probos, pero por otro (cuando asumen la función de par evaluador) los considera a todos sospechosos, cuando no corruptos? No tiene sentido y más bien refleja un gran desconocimiento del sistema.
Segundo, el sistema nacional de acreditación lo conforman miles de personas (no sólo Eugenio Díaz, ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, hoy tristemente popular). En Chile deben existir hoy cerca de 4.000 pares evaluadores, la gran mayoría, como dije, provenientes de universidades del CRUCh. Otro medio millar son académicos miembros de consejos de acreditación, tanto de la CNA, como de alguna de las agencias especializadas (privadas) de acreditación. En general se trata de personas de prestigio, muy conocidas en el mundo académico y consideradas expertas en su profesión. Y hay que agregar otros cientos, que integran comités consultivos, comités de áreas, comités técnicos y otras instancias académicas o de gestión, que prestan apoyo a los procesos de acreditación, todos también académicos reconocidos, cual más, cual menos.
Tercero, hoy el sistema incluye la participación de agencias especializadas privadas de acreditación. Digo especializadas porque es importante hacer presente aquello. La CNA es un organismo corporativo, representativo de grupos de interés del sistema de educación superior chileno, de ahí su composición que refleja estos intereses. Algunos de sus miembros los nombra el CRUCh, otros las universidades privadas, y así hasta completar el consejo de la CNA. Las agencias son organismos privados, pero especializados. Esto significa, entre otras cosas, que sus consejos de acreditación (la instancia colegiada que determina o no la acreditación de una carrera), están conformados por especialistas de las distintas áreas del conocimiento y no responden a grupos de interés de ninguna especie, sino sólo ante sí mismos. De hecho, ni siquiera responden a los intereses de la propia agencia que los convoca, por increíble que pueda sonar, pues por normativa estos consejos son órganos autónomos. Así, por ejemplo, los c
onsejeros de una agencia pueden perfectamente (y seguro que ocurre) tomar una decisión que no le guste a los dueños de esta agencia, pero éstos últimos no pueden hacer nada para variar la decisión del consejo. La normativa no lo permite. Los consejeros tampoco se prestarían para aquello. Sin embargo, estas agencias por el sólo hecho de ser privadas gozan de sospecha, ideológica, de parte importante de la población, partiendo por la propia academia, en un nuevo acto esquizofrénico (el trabajo de las agencias lo hacen académicos). Cargan así estas organizaciones con una especie de pecado original. Si es privado, es malo.
Sin embargo, ninguna de las agencias autorizadas para operar se encuentra ni cerca del escándalo que vive la CNA. Por el contrario, las agencias operan con regularidad, apegadas a la normativa, tratando de entregar un servicio oportuno y de calidad a sus clientes (sí, clientes), las instituciones de educación superior.
Estas organizaciones privadas funcionan mucho mejor que la propia CNA y eso tiene una explicación simple y obvia: son organismos que dependen de su trabajo para existir (no reciben aporte estatal ninguno); compiten entre ellas para entregar un mejor servicio; son especializadas y por lo tanto más competentes y pertinentes que la CNA; y por último, son fuertemente fiscalizadas por la autoridad.
Y para los que acusan un supuesto clientelismo entre las agencias y las instituciones, un dato: las agencias han rechazado más acreditaciones que la actual CNA o incluso que la antigua Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, CNAP.
Fiscalización de las agencias: Las agencias deben entregar a la CNA cada quince días un completo informe con todo, pero absolutamente todo, su accionar: firma de contratos, visitas realizadas, informes, acuerdos, etc., etc. Adicionalmente, las agencias reciben visitas aleatorias de fiscalización por parte del regulador. Esto implica la llegada de dos o tres funcionarios de la CNA, que se instalan una mañana o una tarde completa en oficinas de la agencia con poder para solicitar lo que quieran: revisar todos los contratos firmados por la agencia, verificar información contable, lo que sea. Como si esto fuera poco, la CNA envía regularmente a las agencias oficios, solicitando información específica respecto de algún tema, con tiempos perentorios para responder estos oficios. En ocasiones, los plazos para responder estos oficios no superan las 24 horas.
La fiscalización que hace la CNA a las agencias es permanente y muy rigurosa (no débil como algunos pseudo expertos señalan, sin base ni fundamento, por la prensa), lo que obliga a estas organizaciones a operar de manera muy profesional y ordenada. Hay agencias que han debido contratar profesionales que se dedican de forma casi exclusiva a responder los requerimientos y fiscalización que hace permanentemente el regulador.
Con todo, hay sectores que indican que la solución al problema del sistema de acreditación chileno es eliminar las agencias privadas y traspasar esa función a la CNA. ¡Simplemente increíble! Otros, señalan la necesidad de aumentar los recursos y la planta de profesionales de la CNA. Dato: En la antigua CNAP, precursora de la CNA, trabajaba un total de 14 profesionales en su secretaría técnica, mientras que en la CNA actual son más de 40 (el triple). La CNAP tenía, objetivamente, más «pega» que la CNA, pues esta última está liberada de los procesos acreditación de pregrado (el grueso de las acreditaciones del sistema), hoy desarrollados por agencias especializadas. En cuanto a recursos, cabe precisar que el presupuesto basal de la CNA es infinitamente superior al que tenía la CNAP y además cobra por la acreditación, la CNAP no lo hacía. El problema de la CNA es netamente de gestión y así lo determinó el informe de la Contraloría General de la República.
No está demás decir que las agencias privadas, sin aporte basal de ninguna especie, y con dotaciones de personal muy inferiores a la CNA, desarrollan un trabajo más eficiente y oportuno que esta última, y en ocasiones incluso cobran menos por el mismo servicio.
Cuarto, hay quienes dicen que hay que eliminar la acreditación de carreras y concentrarse en la institucional. ¿Por qué dicen esto? Por varias razones.
- • La acreditación institucional es más fácil y laxa. Así, podemos observar instituciones muy bien acreditadas (5-6-7 años) con carreras con baja acreditación o incluso no acreditadas.
- • La acreditación institucional es más “política” y menos técnica, por lo que hay más espacio para el lobby y acciones como las que justamente están siendo hoy investigadas por la justicia.
- • La acreditación institucional no obliga a estar en constante autoevaluación, la de carreras sí. Y esto implica más trabajo.
- • Por desconocimiento: las verdaderas mejoras del proceso educativo, surgen precisamente de la evaluación y acreditación de carreras y programas y no de la evaluación institucional.
Pareciera que detrás de quienes promueven esta idea está el desinterés en mejorar y más bien su objetivo es obtener un certificado institucional para usarlo con fines publicitarios.
Quinto, los verdaderos responsables de esta crisis están en la propia academia. Es fácil culpar a la prensa (sabemos que no ayuda mucho tampoco), es fácil culpar de todo a Eugenio Díaz (tendrá que pagar por sus acciones), es fácil incluso culpar a este Gobierno (sale gratis), pero en realidad los verdaderos culpables están en las universidades y son todos aquellos que con comentarios insidiosos, mal intencionados o simplemente desinformados, hicieron del sistema de acreditación un verdadero festín durante estos últimos años, sin darse cuenta (o quizás sí, sería aún más grave) que al desprestigiar y agredir el sistema, se estaban desprestigiando y agrediendo ellos mismos.
¿Cómo se sale de esta crisis? Con racionalidad, algo muy difícil de encontrar en el Chile de hoy, incluso en la propia academia, lugar donde se supone debiera reinar este concepto.
José Miguel Rodríguez
Gerente General
Agencia AcreditAcción
