El sistema de acreditación está bajo ataque. No bajo crítica meramente, lo cual es siempre necesario por lo demás. Lo que se escucha son propuestas y acusaciones que tienden a minar o destruir la esencia de nuestro sistema de acreditación. Un sistema que es aún muy nuevo, con menos de una década de funcionamiento real.
¿De dónde emergen las amenazas? Esencialmente del sector político, de manera más específica en el nivel de las comisiones de educación del Senado y la Cámara Baja, y de ciertas instancias ligadas al mundo educacional, formales e informales, tales como una subcomisión de la Comisión de Trabajo constituida por el Mineduc y de Educación 20/20, entre otras, y de dirigentes estudiantiles y otras personas que no parecen tener domicilio conocido en el tema.
Por otra parte, el caso de una negociación incompatible que involucra a un ex miembro de la CNA ha sido utilizado extensamente como material en los ataques. De manera semejante, se ha recurrido a una discutible correlación entre los resultados de la prueba Inicia y la acreditación de ciertas carreras del área de Educación, sin consideración de que aquí se estaría exigiendo a la acreditación algo que no está ni ha estado presente en sus pautas y procedimientos.
De todo lo anterior, los medios de comunicación han ido instalando la idea de que la acreditación en Chile es algo descompuesto, colaborando en enfatizar como aspecto perverso aquello que es precisamente esencial a una acreditación. Así, se afirma, los conflictos de interés devienen del hecho que las evaluaciones son practicadas por gente de la propia academia, y por tanto aquellos podrían evitarse recurriendo a una suerte de funcionarios públicos, sin vinculación con las instituciones académicas, con total dedicación a esta tarea. Se señala también que es preciso aplicar una mayor fiscalización o control externo de las instituciones, lo que implicaría una desconfianza en la regulación interna de las mismas.
Simultáneamente, y es tal vez lo más grave, se ha lanzado una suerte de duda generalizada respecto de la probidad o integridad en el sistema. Si bien ello se ha centrado en la CNA y especialmente en las agencias acreditadoras, estos organismos no son abstractos ni operan en el vacío. Dicha duda afecta, quiérase o no, a cerca de 3.000 profesionales que llevan a cabo las tareas en Chile: los pares evaluadores de la CNA y de las agencias autorizadas; los miembros de la CNA (la comisión misma, la secretaría técnica, los cuerpos consultivos); los miembros de las agencias (los diversos consejos de acreditación, los directores); y los directivos y académicos de las instituciones y sus unidades que participan en los procesos.
Y no existiendo estudios, evaluaciones ni investigaciones serias, que se conozcan, sobre el funcionamiento del sistema de acreditación, la prevalencia es entonces de los prejuicios y el desconocimiento.
Aunque parezca propio de Perogrullo, es bueno insistir en una cuestión que está en el corazón de la acreditación: la evaluación por pares. ¿Quiénes son los pares? Aquéllos que pueden ser reconocidos como miembros de la comunidad académica y educativa. Porque comparten los saberes y pautas de acción; cierto lenguaje, metodología de trabajo, valores y estrategias de prueba y refutación. Ellos son nuestros iguales o semejantes. Y el concepto traspasa las fronteras institucionales e incluso las nacionales. Pero, en el caso en cuestión, deben ser además reconocidos por su autoridad, la que está dada por las credenciales formales, su producción académica o profesional y la experiencia para emitir juicios sobre nuestro accionar, en un cierto marco de referencias previamente aceptado.
La evaluación del comportamiento de una institución o de una de sus unidades y de los procesos que conducen, especialmente el educativo, en un marco de acreditación, debe ser siempre tarea de pares. Solamente en un régimen no libertario o totalitario la academia podría resignarse a aceptar aquí la injerencia de personas ajenas o profanas. Por cierto que alguien ajeno a la academia, de hecho un funcionario público, como se propone por allí, puede hacer un chequeo o verificación de existencias o de cumplimiento de ciertos requisitos. Y claro, con cierto bagaje académico residual y buen entrenamiento podría ejercer un control o fiscalización. Pero, en rigor, solamente un par puede hacer una evaluación. Y es esto último lo que requiere un genuino sistema de acreditación.
Lo anterior conduce a una primera derivada importante de la injerencia de pares. ¿Control externo, en el sentido de al margen de los actores académicos, o regulación interna del sistema y de las propias instituciones y unidades? Desde sus inicios formales, casi milenario, la actividad académica ha tenido un alto grado de autonomía, la cual tiene su raíz profunda en el accionar de cada profesor al interior del aula y el laboratorio o en el campo de práctica; algo que ocurre al margen de lo que pueda prescribir un decreto o norma de rectoría. Este grado de autonomía trasciende en buena extensión a las unidades académicas en el contexto de sus instituciones y a éstas en el escenario del sistema educacional. Es así que la regulación de la calidad debe asentarse como una autorregulación del sistema. Primariamente de cada institución y luego del sistema de educación superior como un todo. Y aquí la evaluación por pares es una cuestión clave.
¿Riesgo de conflictos de interés y de sesgos? Qué duda cabe. Más aún en una sociedad académica y profesional pequeña como es la nuestra. Lo importante, en esta fase de aprendizaje que estamos teniendo en el sistema de acreditación, es continuar visualizando situaciones que permitan identificar oportunamente los posibles conflictos de interés y así obviarlos. Aun cuando sean aparentes. Lo cierto es que la inmensa mayoría de los pares evaluadores son probos y de alto profesionalismo. Como se sabe, el sistema tiene mecanismos que apuntan a obviar los conflictos de interés. De partida, y como ocurre en los países con experiencia en el tema, cada profesional, al momento de serle propuesta una misión, debe indicar si tiene o no conflictos, reales o aparentes. Pero previamente, la CNA o la agencia correspondiente considera antecedentes, a la luz de las situaciones que pudieran ser motivo de conflictos, al proponer un posible evaluador a la institución, y esta última, según su propio conocimiento del profesional, pueden objetar al par propuesto.
Y en cuanto a sesgos, bueno, pueden darse con cualquier profesional. La debida capacitación y creciente experiencia de los pares aporta sin duda a paliar el sesgo. Por lo demás, la composición de un adecuado comité de pares contempla profesionales con diversidad de origen institucional y experiencia, lo que tiende también a atenuar los sesgos.
Una segunda derivada, no menos importante que la primera, del papel crucial de pares en la acreditación dice relación con la experticia requerida tanto al momento de evaluar en terreno como al tomar decisiones respecto de los dictámenes o acuerdos de acreditación. La evaluación institucional impone esencialmente la experticia de los pares en gestión académica o en ciertas áreas específicas del accionar institucional, según sea el foco que el proceso pudiera establecer. Sin embargo, en la evaluación y toma de decisiones en el ámbito de carreras y programas, la experticia requerida del comité de pares y del cuerpo que dictamina el resultado de acreditación es por cierto más exigente. Es por ello que en los países con tradición en acreditación de carreras y programas operan agencias especializadas, donde tanto los pares evaluadores como quienes toman las decisiones de acreditación pertenecen al área o campo profesional relacionado a lo que se acredita. Algo difícil de lograr cuando se trata de un esquema con una agencia u organismo único.
En resumen, no constituye de manera alguna un escándalo el que sea la propia academia la que se evalúa o juzga a sí misma, vía el sistema de pares y de organismos especializados. Por el contrario, ello es vital para una adecuada acreditación. Como lo es igualmente su aporte a la autorregulación del sistema y a la garantía de la debida experticia en los procesos y las decisiones.
Por cierto que el sistema tiene aún un camino de aprendizaje. Es preciso ampliar la cantidad de pares evaluadores, ojalá centrado en un único rol nacional; que estén sometidos a una capacitación adecuada y cíclica; que estén apoyados con instrumentos facilitadores para sus tareas; y que sean sometidos ellos mismos a una evaluación de su desempeño. De manera análoga, quienes asumen el rol de comisionado (CNA) y de consejero (agencias) requieren asimismo una capacitación continua (después de todo, comprensiblemente la gran mayoría de ellos nunca ejerció tal rol en el sistema), como también ser apoyados por instrumentos que favorezcan la efectividad y consistencia de su trabajo, y ser sometidos a la evaluación de al menos el cumplimiento de las tareas.
Es el momento de perfeccionar el sistema y para ello no se requiere destruir lo que existe
Moisés Silva Triviño, Ph.D., M.Ed, M.Sc.
Director Académico
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